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Debate de la Proposición no de Ley para garantizar la participación de los trabucaires en las celebraciones populares catalanas

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Frente a quienes establecen jerarquías o escisiones entre la cultura de élite y la cultura popular, mi grupo, los socialistas, siempre hemos entendido que ambas están íntimamente conectadas. La cultura no entiende de jerarquías. Las únicas jerarquías que nosotros entendemos en el ámbito cultural tienen que ver con la creatividad, con la emoción, con la belleza o con la inteligencia. Además es evidente que algunas de las creaciones más sublimes que ha habido en la historia de la humanidad lo son porque han tenido la capacidad de enraizarse profundamente en la cultura popular o, si ustedes quieren, en la cultura de lo cotidiano. Existe cultura popular y existe cultura popular tradicional. La cultura popular tradicional es aquella que nos trae a día de hoy culturas que fueron populares en otros momentos de la historia y que hoy han dejado de serlo, y por eso han pasado a ser tradicionales. Subrayemos la relevancia que ha tenido en la historia de la humanidad la reconsideración de la cultura popular tradicional, lo que en un momento determinado del siglo XIX, se llamó folclore. En esa cultura popular tradicional hunde sus raíces nada más y nada menos que un movimiento tan potente como el Romanticismo. En plena época de la globalización, en la que estamos ahora, hay un resurgimiento de las manifestaciones de cultura tradicional. Y no es ninguna contradicción, es una manifestación de la pluralidad que no tiene que estar reñida con la globalización. Es una manifestación además que, desde nuestro punto de vista, no es estática porque incluso la cultura popular y tradicional también tiene capacidad de movimiento, de transformación, de transformarse, a veces incluso cogiendo o acogiendo en su seno elementos de mestizaje. Incluso en esta época de globalización existen manifestaciones de cultura tradicional de nuestro país tan ricas y tan plurales que acaban siendo elemento señeros en ese proceso de globalización. Pienso que, por ejemplo, las fiestas de los sanfermines no es misma antes o después de que Hemingway pusiera su mirada en ellos.
Esta proposición no de ley nos habla de una cultura popular tradicional enraizada en Cataluña, la cultura de los trabucaires, los bandolers y los galejadors. Una cultura que se ha mantenido a lo largo de tiempo, solamente condicionada en algunos momentos de nuestra historia por prohibiciones gubernamentales. Actualmente, quiero subrayarlo, existen en Cataluña 40 grupos de trabucaires perfectamente consolidados y una docena de lo que se denominan Ball d’en Serrallonga en honor a un bandolero ya mítico catalán que fue ajusticiado en 1633. Estamos hablando de una fiesta viva, de una fiesta popular, importante, relevante que, como antes decía el señor Tardà, cada semana tiene manifestaciones en el conjunto de Cataluña. La cultura de los trabucaires forma parte, quiero recalcarlo, desde julio de 2011 del catálogo del patrimonio festivo de Cataluña. Es evidente que estamos hablando de una manifestación de cultura popular y tradicional que tiene un elemento distintivo, y es la utilización de armas de fuego, de armas de avancarga y otros instrumentos de armas de fuego antiguas o históricas. El hecho de que se utilice este tipo de armas es lo que nos lleva a una reflexión que está en el fondo de esta proposición no de ley, que es el necesario equilibrio entre el mantenimiento, o incluso potenciación, de este tipo de manifestación cultural con el hecho de la necesaria seguridad en la que tienen que desarrollarse sus actividades.
La posición de mi grupo respecto a esta proposición no de ley se resume telegráficamente en tres elementos. En primer lugar –por eso creemos acertado el hecho de que el señor Tardà haya retirado de la votación el punto 1 de su propuesta-, estamos hablando de una manifestación cultural que en estos momentos se desarrolla con plena normalidad competencia y factual en Cataluña. No existe un problema respecto de las competencias en estos momentos, eso es lo que nos indican los dirigentes de las entidades de trabucaires en Cataluña. En segundo lugar, los primeros interesados en mantener un máximo de seguridad en este tipo de manifestación cultural son sus propios protagonistas: no somos nosotros, ni siquiera el conjunto de la Administración, son los protagonistas los que quieren que haya un máximo de seguridad. Y en tercer lugar, vemos positivo –y por eso votaremos afirmativamente la proposición no de ley con la enmienda que ha presentado el Partido Popular- que en la medida en que se reforme el reglamento de armas, se tenga en cuenta que estamos hablando de un tipo de armas muy determinado, como son las armas de fuego antiguas o históricas o de avancarga, que a veces tienen que ver más con la pura creación cultural que con otro tipo de sensibilidades. Por lo tanto, ya les anuncio que mi grupo, el Grupo Socialista, votará afirmativamente la proposición no de ley, incorporando la enmienda del Grupo Popular.

Debate de la moción de ERC sobre las actuaciones del Gobierno español para reparar con justicia a todas las víctimas de la Dictadura y de la Transición

Mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, sigue comprometido con el desarrollo pleno e íntegro de la conocida como Ley de la Memoria Histórica. Me permitirán que aproveche el debate sobre una moción —en la que, evidentemente, se insta al Gobierno— para atreverme a pedir —no a exigir, no a instar, pero sí a pedir— a dos grupos parlamentarios de esta Cámara una reflexión, una reflexión cuando ya ha pasado mucho tiempo desde que el 28 de diciembre de 2007 aprobamos en esta Cámara la conocida como Ley de la Memoria Histórica. Al Grupo Popular le pediría, siendo como es un grupo respetuoso con las leyes que aprobamos en esta Cámara y en coherencia con lo que acaba de expresar el señor Fernández Díaz en esta tribuna, que aprovechara las responsabilidades que tienen en muchos municipios y comunidades autónomas de este país para aplicar también la Ley de la Memoria Histórica. Le pediría que aprovechara esas responsabilidades para hacer posible que a estas alturas del siglo XXI ningún español, ningún compatriota, tenga que luchar todavía para poder enterrar con dignidad a su abuelo, a su padre, a su familiar o a su amigo que murió como consecuencia de la guerra civil y la dictadura.

Al Grupo de Esquerra Republicana le pediría una mayor capacidad y una mayor voluntad para reconocer los avances que se han producido en la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. No voy a hacer aquí una reflexión o un tratado sobre la hipocresía, pero sí le pediría al Grupo de Esquerra Republicana mayor valentía. No tuvieron valentía para pactar la ley —porque para acordar hay que ser valientes, hay que renunciar a alguno de los puntos que uno defiende— y hoy no tienen la valentía de reconocer ninguno de los avances de esta ley. Porque, mire, señor Tardà, hoy hay 187.000 hijos y nietos de exiliados españoles que tuvieron que abandonar nuestro país a consecuencia de la guerra civil y la dictadura, 187.000 ciudadanos, que tienen la nacionalidad española y la tienen gracias a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Hoy hay 1.011 ciudadanos compatriotas que tienen títulos de reparación y reconocimiento de la ilegitimidad de las sentencias de los tribunales y del ordenamiento jurídico que los juzgó bajo el franquismo. Y son 1.011 ciudadanos españoles que lo tienen gracias a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Hoy hay 570 símbolos o vestigios del franquismo que han desaparecido de nuestras plazas, de los equipamientos públicos, y han desaparecido gracias a la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica. Pues bien, en ningún caso su grupo, que no tuvo la valentía de comprometer su voto en esta ley, ha tenido la valentía de aceptar y reconocer que la Ley de la Memoria Histórica ha supuesto avances sustanciales en el objetivo de reparar las injusticias que se produjeron durante la guerra civil y la dictadura.

Respecto a la moción, simplemente quiero decir que mi grupo ha presentado una enmienda coherente con lo que estamos defendiendo. Es una enmienda que sigue apostando por la aplicación íntegra de la Ley de la Memoria Histórica y que, además, da respuesta concreta a uno de los puntos —el último, en concreto— de la moción presentada por Esquerra Republicana. Da una respuesta concreta porque en esta enmienda mi grupo propone que se adopten las disposiciones normativas necesarias para facilitar la inscripción en el Registro Civil de aquellas víctimas de la guerra civil y la dictadura que hubieran desaparecido cuando sus datos no consten en él. Es una enmienda que puede aplicarse perfectamente, aprovechando el hecho de que en estos momentos se encuentra en tramitación en el Senado el proyecto de ley del Registro Civil.

El resto de puntos que nos presenta Esquerra Republicana no podemos apoyarlos y las razones son sobradamente conocidas; no voy a repetir aquí argumentos. Simplemente quiero decirles que, por ejemplo, la aprobación de una moción que impulse la creación de una comisión respecto al Valle de los Caídos es innecesaria, ya que el propio Gobierno ha explicado en este Pleno y en la Comisión Constitucional que ya está creando esta comisión a través del diálogo con los grupos parlamentarios y con un objetivo sencillo: que también en este terreno se aplique la Ley de la Memoria Histórica en su integridad con relación a las disposiciones que hacen referencia al Valle de los Caídos.

Por otra parte, señorías, tampoco podemos apoyar el punto 4 de la moción cuando pretende reabrir el debate entre nulidad y legitimidad. Para nosotros es un debate que ya está cerrado; mejor dicho, no está cerrado el debate pero sí la propuesta que hizo la ley al respecto y que es apostar por la legitimidad, una legitimidad que la fiscalía y el Tribunal Supremo reconocen que tiene las consecuencias jurídicas que tiene: que expulsan esas sentencias del ordenamiento jurídico español.

Por tanto, señorías, vamos a mantenernos en una línea de coherencia. Vamos a ser fieles y coherentes con lo que aprobamos en esta Cámara. La Ley de la Memoria Histórica tal como salió de este Congreso no es la que el Gobierno aprobó como proyecto de ley, pero mi grupo sigue asumiendo esa ley como la que ha de aplicarse ydesarrollarse plenamente. En esa actitud y con ese objetivo mi grupo seguirá trabajando con conciencia, con fuerza y con vigor.

Muchas gracias.

Comparecencia del Vicepresidente Primero del Gobierno para informar acerca del criterio del Gobierno en la aplicación de la ley de Memoria Histórica con relación al Valle de los Caídos

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: No me importaría seguir escuchando al señor Quijano, pero hay que hablar de memoria histórica y lo voy a hacer con mucho gusto, en primer lugar agradeciendo al vicepresidente la exposición que ha hecho hoy aquí, intensa, exhaustiva, rigurosa. No es un agradecimiento de ritual, no es el agradecimiento que le toca hacer a un representante del grupo de la mayoría, sino un agradecimiento sentido, pues para nosotros la Ley de la Memoria Histórica es una ley relevante, que amplía derechos y deberes respecto de aquellos ciudadanos que padecieron persecución por sus ideas durante la guerra civil y la dictadura. Por tanto, vaya por delante el agradecimiento al vicepresidente del Gobierno.

Han pasado ya algunos años desde diciembre de 2007, por lo que durante estos años podemos tener una visión del recorrido de la ley. Déjenme que les diga que me ha sorprendido la intervención de don Jorge Fernández Díaz, porque realmente si algo podemos constatar hoy, en contra de lo que él ha defendido, y era algo que algunos defendimos ya en 2007, es que esta ley no reabría ninguna herida. Dicho de otra manera, que la sociedad española era y es una sociedad plenamente madura y democrática como para afrontar el reto de esta ley. Esta ley se ha aplicado con normalidad, ha generado debates, algunos más interesantes y otros menos, ha generado argumentaciones, algunas fundamentadas y otras no, pero en todo caso no ha reabierto ninguna herida, sino que ha cerrado muchas de ellas y eso no es patrimonio del Gobierno, que ha hecho su papel, sino del conjunto de la sociedad española. Lo defendimos en diciembre de 2007 y hoy se ha visto que es así, que era realidad lo que entonces predecíamos. En la dirección contraria, el señor Ridao, que tampoco nos puede acompañar, ha hecho una crítica radicalmente contraria. Ha dicho que prácticamente no se ha hecho nada y ha llegado a decir, casi sin querer, que el Gobierno ha hecho una aplicación pusilánime de la ley. Después de escuchar atentamente la intervención del vicepresidente del Gobierno, realmente hay que ser muy osado para hablar de aplicación pusilánime, pero lo ha dicho. En todo caso, la posición de Esquerra Republicana no tiene tanto que ver con la aplicación de la ley, sino con el hecho de que al final ellos no dieron su apoyo a la ley. Tuvieron un papel relevante al inicio —hay que recordarlo y no me importa citar aquí al diputado Joan Tardà—, pero al final no tuvieron un papel determinante en la ley, no se sumaron al consenso de la ley porque les faltó valentía, porque al final los pactos, los acuerdos y los consensos implican renuncias y para renunciar se necesita una cierta dosis de valentía, como también para reconciliarse, un verbo que parece que no acaba de conjugar el señor Ridao. Para nosotros, recuperación de la memoria histórica y reconciliación no es algo contradictorio, sino complementario, una reconciliación que, evidentemente, se dio durante la transición, pero que no nace en la transición. Quiero recordar que el primer partido que habla en este país de reconciliación es el Partido Comunista de España en la década de los cincuenta, por lo que esa reconciliación no nace directamente en la transición.

Para mi grupo, la síntesis de la intervención del vicepresidente es clara. El Gobierno está desarrollando con determinación y plenitud la Ley de la Memoria Histórica y, ante ese desarrollo pleno, mi grupo tiene que mostrar satisfacción y, si se le permite, incluso, por qué no, un cierto orgullo. Quiero subrayar solamente tres datos de los muchos que ha dado el vicepresidente que a mi grupo le parecen especialmente relevantes. En primer lugar, 187.000 descendientes, hijos y nietos de españoles, que tuvieron que abandonar nuestra patria como consecuencia del final de la república, de la guerra civil y de la dictadura hoy tienen la nacionalidad española. Para nosotros, este hecho en sí, solo este hecho, que además nació de una enmienda del Grupo Socialista al final del debate de la ley, es suficientemente relevante como para dar valor al conjunto de la ley. En segundo lugar, se ha dicho aquí que 1.011 ciudadanos han pedido y obtenido títulos de reparación y reconocimiento personal de la ilegitimidad de las sentencias y tribunales por los que fueron juzgados durante la dictadura. Para nosotros, que ciudadanos de nuestro país, tantos años después, estén satisfechos con este reconocimiento también es especialmente positivo, y eso no es contradictorio con que consideremos que la ilegitimidad tiene mayor relevancia política, simbólica, que la pura nulidad. Y no es contradictorio tampoco con una reflexión que ha hecho el diputado de Convergència i Unió, el señor Xuclà, que compartimos, que es la relevancia del decreto del fiscal general del Estado sobre este tema. No vemos contradicción. Para algunos ciudadanos será suficiente la mera declaración y para otros, evidentemente, hay otro camino, que es el que hay que seguir recorriendo.

En tercer lugar, otra cifra: 570 símbolos o vestigios del franquismo han sido retirados o eliminados del espacio público de nuestro país. Pues también es muy relevante y además que se haya hecho con normalidad, sin abrir heridas, como algunos decían. Esto me obliga a hacer una reflexión muy rápida. Estamos en un Estado de las autonomías, en un Estado multinivel, y hay competencias locales, autonómicas y estatales que hay que respetar en todo momento, en todas las leyes, en todos los desarrollos legislativos. No es lógico tener una visión del Estado descentralizado, autonómico, federal o incluso participar en proyectos nacionalistas o independentistas que reivindican para cada territorio por su capacidad de competencias y, en cambio, en determinadas leyes, cuando se ve que por motivo de ese autogobierno local o autonómico no se aplican, pedir al Estado que intervenga directamente. Aquí hay una contradicción, pero déjeme decirle que también existe la contradicción contraria. Hay quienes tienen una visión del Estado muy unitaria, muy centralista y, en cambio, leyes que se aprueban aquí no se aplican luego en determinadas comunidades y localidades. Por tanto, esas contradicciones existen y explican que algunos elementos de la ley se desarrollen con más lentitud de la que algunos quisiéramos.

Voy acabando, señor presidente. Uno de los temas más relevantes de la ley, en el que más se ha avanzado, pero todavía queda mucho por hacer, es sin duda alguna el de las exhumaciones, la recuperación e identificación de cadáveres de padres, abuelos, familiares, amigos, compatriotas que todavía hoy no han tenido la posibilidad de enterrar dignamente a sus muertos. Aquí hemos avanzado. Conocemos el protocolo de exhumaciones, sabemos del apoyo económico que el Gobierno ha dado a muchas entidades e instituciones para que se produzcan estas exhumaciones y se nos anuncia que mañana estará operativo un mapa integrado de localización de restos, pero es cierto que queda mucho camino por recorrer, un camino que además tenemos que recorrer en uno de los temas más hirientes, que nos concierne a todos. En este sentido, mi grupo se atreve a hacer una propuesta al Partido Popular en coherencia con un hecho que es cierto. El Partido Popular no consensuó la ley, pero votó muchos de sus artículos. De hecho, una parte de su discurso era que esta ley era innecesaria, que se podía haber avanzado por otras vías. Quiero pedir al Partido Popular que reflexione sobre el hecho de que en sus comunidades autónomas, allá donde gobiernan, es donde menos se ha podido desarrollar esta parte de la ley. Por tanto, ahora que estamos ante unas elecciones autonómicas y locales abramos alguna vía de diálogo, gubernamental o parlamentaria, la que haga falta, pero que el Partido Popular se ponga también al servicio patriótico de que ningúnespañol a estas alturas del siglo XXI tenga que vivir con el hecho de que un pariente suyo todavía no ha podido ser enterrado dignamente. Es una petición formal que hago hoy a los representantes del Grupo Parlamentario Popular.

Acabo. Celebramos ayer un debate en el Pleno sobre el 80º aniversario de la II República impulsado por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. De ese debate se desprendió una moción y aprobamos algunos puntos de la misma. Hace cinco años celebramos el 75º aniversario de la proclamación de la II República. Este Congreso declaró el año 2006 como el Año de la Memoria Histórica. Pasarán los años y tendremos nuevas celebraciones, nuevas conmemoraciones; otros diputados y diputadas nos sustituirán en la tarea de representar al pueblo español en este Congreso. El objetivo del Grupo Socialista seguirá siendo siempre el mismo y, después de escuchar al vicepresidente, será un objetivo que estará más cercano, el objetivo de conseguir una memoria completa de nuestro pasado y, al mismo tiempo, una memoria más compartida de nuestro pasado; una memoria más completa, con más luz, y una memoria más compartida. Este es el objetivo de mi grupo y al cual el Gobierno también sirve cuando aplica exhaustivamente esta ley.

Debate de la moción de IU sobre el 80 aniversario de la proclamación de la II República Española

Gracias, señor Presidente.

El triunfo en las grandes ciudades españolas de las candidaturas republicano-socialistas en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 desembocó, dos días más tarde, el 14 de abril,  en la proclamación de la República en medio de una gran fiesta popular. Fue, en palabras de Fernando Fernán-Gómez: “la más alegre mañana de abril”. Los socialistas fuimos protagonistas en el nacimiento de la República, en su sostenimiento y en su defensa frente a la agresión fascista. Estuvimos al lado de la República en la prisión y en el exilio. En ese interminable exilio murieron los dos Presidentes de Gobierno que el Partido Socialista Obrero Español dio a la República. Francisco Largo Caballero en 1946 en París tras sobrevivir a cinco años en un campo de concentración nazi. Y Juan Negrín, también en Paris, 10 años después. La República, sus anhelos y esperanzas, sus logros y decepciones, sus aciertos y sus errores forman parte de nuestra historia. Conocerla con sentido crítico, (y eso implica no caer ni en  demonizaciones ni en visiones idealizadas) es un objetivo que va más allá de un aniversario concreto. En este sentido, la incorporación del estudio de la II República y de sus reformas al currículo de enseñanzas mínimas de la ESO aprobado en el año 2006 es un paso relevante en la buena dirección.

Hace cinco años celebramos su 75º aniversario. Lo hicimos aprobando una Ley en esta Cámara  por la que se declaró el año 2006 como el año de la Memoria Histórica y con diversas iniciativas de entre las que no me equivoco si subrayo la magnífica exposición itinerante sobre las “Misiones pedagógicas.”

Hoy, a juicio de mi Grupo, más que solemnizar un nuevo aniversario, nuestro esfuerzo debe ir orientado a dar continuidad y profundizar en las múltiples actividades e iniciativas que tienen como eje vertebrador el conocimiento y puesta en valor de esta etapa relevante de nuestra historia. Lo podemos y debemos seguir haciendo desde la fortaleza que nos otorgan los 33 años de vigencia de la Constitución de 1978. Desde el éxito que ha supuesto nuestra actual experiencia de monarquía parlamentaria.

La etapa histórica más positiva y fructífera de nuestra historia ha hecho realidad buena parte de los anhelos de progreso económico, social y cultural que estuvieron en los fundamentos de la experiencia republicana. Evidentemente, nos queda mucho camino por recorrer. Y tenemos ante nosotros nuevos retos y problemas que la sociedad española que protagonizó la República no podía ni sospechar ni imaginar.

La enmienda presentada por el Grupo Socialista va, precisamente,  en esta dirección. En primer lugar, pone en valor la actual etapa constitucional, en la que monárquicos y republicanos, derechas e izquierdas nos hemos reconocido como demócratas. Propone iniciativas conmemorativas del 80 aniversario de la II República razonables y factibles. Y finalmente, subraya nuestro compromiso con el desarrollo íntegro y pleno de la conocida como Ley de la Memoria Histórica. Desarrollo, por cierto, sobre el que el Vicepresidente Primero del Gobierno informará mañana en la Comisión Constitucional.

Señorías, conmemorar la II República no puede limitarse a recordar un día o a destacar una fecha en el calendario. Celebrar la II República, 80 años después de su nacimiento, significa seguir haciendo realidad cada día los ideales que la misma propugnaba, y que hace 80 años no supimos, no pudimos o no nos dejaron alcanzar.

Hoy, conmemorar la II República significa salir de la dura crisis económica que estamos atravesando evitando la exclusión social de aquellos compatriotas que lo están pasando peor.

Hoy, conmemorar la II República significa hacer todo lo que está en nuestras manos para acabar definitivamente con el vestigio más peligroso del franquismo que queda en nuestro país: el terrorismo de ETA.

Hoy, conmemorar la II República significa, en definitiva, comprometerse con el futuro de nuestro país con la  misma pasión, ilusión y coraje con la que hace 80 años miles y miles de españoles ocuparon plazas y calles en aquella alegre mañana de abril de 1931.    

 Gracias.

Debate de la moción de CIU sobre la actual orientación de la política de transporte público

Los tiempos de crisis son tiempos, o al menos deberían serlo, en los que todos tenemos la obligación de analizar sin prejuicios lo que hacemos, su sentido y la posibilidad de hacerlo de otra manera. El Grupo Socialista se congratula de que el debate sobre el transporte público impulsado por don Pere Macias con su interpelación del pasado miércoles sea un debate que, con el concurso de todos, contribuya a analizar la orientación que debe tener la política de transporte en España en el contexto de la crisis económica que todos estamos padeciendo. No un debate, por cierto, en el que la crisis económica es utilizada como flagelo partidario, relegando el tema a una cuestión de segundo plano. Ustedes ya me entienden, señorías.

La pregunta que estamos obligados a hacernos es: ¿en qué medida la crisis económica influye sobre nuestra política de transporte? Y la respuesta, a juicio de este diputado, no ofreced dudas, la crisis económica confirma y nos obliga a acelerar en la medida de lo posible la apuesta por la movilidad sostenible y concretamente por el transporte público en la medida de lo posible,  porque intentar obviar las limitaciones presupuestarias a las cuales nos obliga la imprescindible consolidación fiscal sería una forma de hipocresía ciertamente grosera. La crisis económica confirma en definitiva que la apuesta por el ferrocarril, el transporte más eficiente desde el punto de vista energético, es una apuesta estratégica acertada para un país como el nuestro. Desde 2004 se han invertido en España 50.000 millones de euros en transporte ferroviario. España ha apostado inteligentemente por el liderazgo en la alta velocidad ferroviaria y por las múltiples rentabilidades que este liderazgo conlleva en términos de la mejora de la competitividad, de preservación ambiental, de calidad de vida y de reequilibrio territorial. Lo que resulta chocante es que, al hablar de la rentabilidad del AVE, a nadie se le haya ocurrido preguntar, por ejemplo, a los 17 millones de viajeros que han visto reducir en más de un 40 por ciento el precio medio de transporte entre Barcelona, Zaragoza y Madrid. Por no hablar de las dificultades que algunos tienen para contabilizar los 141 millones de euros de ahorro energético anual que ha supuesto esta línea de AVE. Esta apuesta por la alta velocidad está acompañada, en primer lugar, por la que se está realizando en el transporte de mercancías a través de un plan para conectar mediante este tipo de transporte nuestros puertos y principales nudos logísticos y, en segundo lugar, por el impulso de los servicios de cercanías a través de planes específicos para las principales áreas metropolitanas de nuestro país.

Hemos hecho mucho y queda mucho por hacer y en ese sentido está orientado el contenido de la enmienda que mi grupo ha acordado con el grupo proponente. El Gobierno socialista es un gobierno firmemente comprometido con la sostenibilidad, y especialmente con la movilidad sostenible. Sin ir más lejos, mañana mismo el ministro de Fomento presenta en Barcelona el estudio del corredor ferroviario mediterráneo. Dicho compromiso resiste sin dificultad la comparación con gobiernos anteriores, pero no es el momento de hacer comparaciones, no es el momento de mirar hacia atrás, es el momento de mirar hacia el presente y hacia el futuro, la propuesta que hoy hacemos es una apuesta positiva, es una apuesta constructiva, es una apuesta que va en mejora del transporte público.

Muchas gracias.

Debate de la proposición de ley de IU relativa a mejorar la eficacia de incompatibilidades de Diputados y Senadores y otros cargos de órganos públicos

Gracias, señora Presidenta.

En contadas ocasiones se produce una contradicción radical entre la preocupación o el sentido último que tiene  una determinada iniciativa legislativa y el texto en que se plasma. Pues bien, la Proposición de Ley que hoy nos ocupa es, a juicio del diputado que les habla, una de estas ocasiones.

Dicho en otras palabras, el voto contrario (que ya les anuncio) del Grupo Parlamentario Socialista a la toma en consideración de esta Proposición de Ley para mejorar la eficacia del régimen de incompatibilidades de los Diputados y Senadores y otros cargos de órganos públicos se fundamenta en la convicción de que su texto, simple y llanamente, no mejora dicha eficacia.

La propia Exposición de Motivos nos da una pista al aceptar textualmente que “nuestra actual legislación en materia de incompatibilidades debería haber bastado para garantizar una adecuada separación entre lo público y lo privado”.  Pues bien, mi Grupo sostiene que –sin descartar innovaciones que estamos dispuestos a impulsar- aplicar con rigor y determinación la legislación existente es imprescindible para asegurar una nítida separación entre el interés general y el interés particular en el desempeño, evidentemente de las responsabilidades públicas.

Empecemos por las incompatibilidades parlamentarias. La Proposición no de Ley pretende sustituir la dedicación absoluta por la dedicación exclusiva que la ley establece respecto a los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración general del Estado.

Lo hace refiriéndose a un Informe de la Comisión del Estatuto del Diputado, según el cual sólo el 12% de los miembros de esta Cámara no desempeña ningún tipo de actividad privada.

Quiero detenerme en este dato, ya que difícilmente podemos exigir precisión y veracidad a aquellos que nos enjuician si nosotros mismos utilizamos datos que provocan equívocos o falsas imágenes.

Lo ha dicho antes el Señor Esteban, un Diputado o Diputada que declare la posibilidad de participar en una tertulia en un medio de comunicación privado, que prevea impartir una conferencia o participar en una mesa redonda en una Universidad,  o que tenga previsto escribir un libro, publicarlo y hasta vender algún ejemplar ya no forma parte de ese 12% que no desempeña ningún tipo de actividad privada.  ¿Y no son estas tareas, en muchos casos inherentes y complementarias a la condición de diputado?  Lo plantearé con otra pregunta: ¿Es equiparable declarar que se forma parte del Patronato de una Fundación y contribuir a su sustento con el legítimo desarrollo de una responsabilidad empresarial que no tiene ninguna relación con el sector público? Nosotros creemos que no, pero estamos dispuestos a discutirlo a fondo, con serenidad y sin ningún tipo de prejuicios.

Lo cierto es que las modificaciones que pretende introducir esta iniciativa en la Ley Orgánica de Régimen General Electoral van en una dirección que mi Grupo considera errónea y perjudicial para la buena salud del Parlamento, ya que formalizarían la profesionalización de quienes hemos sido elegidos para realizar el mandato representativo.

Cuando cualquier actividad, oficio o profesión es incompatible con la condición de diputado o senador, lo que se está propiciando es convertir dicha condición precisamente en eso: en una actividad, profesión u oficio.

Este no es el camino para separar lo público de lo privado, en todo caso para separar la política de la ciudadanía.

Si nos parece un error pretender avanzar en la profesionalización de la función parlamentaria no lo es menos la opción de mezclar y confundir la regulación de las incompatibilidades de los miembros del poder ejecutivo (altos cargos y miembros del Gobierno) con los correspondientes  a los miembros del poder legislativo (diputados y senadores).

La división de poderes no es un muelle que se pueda estirar o encoger según intereses o circunstancias. Hacerlo, además, para que un órgano de la Administración General del Estado –la Oficina de Conflictos de Intereses- pueda llegar a administrar temporalmente el patrimonio de un parlamentario nos parece, francamente, fuera de lugar. Pero la división de poderes también funciona en el sentido contrario. Y así, tampoco parece aconsejable que un órgano que se encarga de gestionar los conflictos de intereses de los altos cargos de la Administración General del Estado y de los miembros del Gobierno, sea elegido –tal y como se propone en el artículo segundo de esta proposición de ley- por el poder legislativo.

Por otro lado, no están los tiempos para crear un nuevo órgano colegiado compuesto por diez miembros para una  Oficina de Conflictos de Intereses que informa semestralmente al Congreso de los Diputados acerca del cumplimiento de la normativa, todo ello evidentemente, sin perjuicio de la actividad de control de los grupos parlamentarios.

El artículo segundo de la proposición de ley insta al Gobierno a modificar la Ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, en particular, estableciendo limitaciones patrimoniales en participaciones societarias y regulando las asignaciones indemnizatorias posteriores al cese de los ex miembros del Gobierno y otros altos cargos de la Administración General del Estado. Vaya por delante que, aunque resultase conveniente una ordenación armónica de los derechos de los altos cargos cuando cesan en el ejercicio de su función, tanto para acceder al derecho a la indemnización, como para su cuantificación, período de percepción y régimen de incompatibilidades (en la actualidad, dispersa en una pluralidad de leyes), la modificación de la Ley 5/2006 no es  el cauce adecuado para llevar a cabo esta indicada regulación. También en este ámbito el texto no resulta el más idóneo para los fines que persigue. Y no me refiero a que en el mismo aparezca un Ministerio de Relaciones con las Cortes que no existe en el organigrama ministerial desde 1993, una Secretaría General para la Administración Pública que ha sido suprimida por una Secretaría de Estado para la Función Pública  o unos Gobernadores y Subgobernadores Civiles que desaparecieron en 1997. Por la innecesaria inseguridad jurídica que genera, reviste una mayor relevancia el hecho de que el grupo proponente se refiere indistintamente a estas asignaciones o indemnizaciones con los términos “haber”, “haber pasivo” o “haber vitalicio”, lo cual induce a confusión, dado el carácter transitorio de las mismas, cuyo período máximo de percepción no puede superar –como ustedes saben- las veinticuatro mensualidades.

Finalmente, la proposición de ley es incapaz de superar una contradicción que el Grupo proponente viene arrastrando como mínimo desde un debate similar que tuvo lugar en este Pleno en septiembre del 1999 al plantear la incompatibilidad de las asignaciones indemnizatorias por el cese en el desempeño de determinadas responsabilidades públicas con cualquier retribución pública y, en cambio,  limitar esta incompatibilidad en el terreno privado a las retribuciones que pudieran obtenerse por el desempeño de cargos directivos o de gestión en empresas privatizadas. Es decir, dichas indemnizaciones son incompatibles por ejemplo con volver a ocupar una plaza de auxiliar administrativo en cualquier administración pública, pero no lo son en el caso de volver a ocupar un empleo en un despacho profesional, en una empresa no privatizada o en una multinacional. Simplemente, no se entiende.

Señorías, el Gobierno ha demostrado en este ámbito su compromiso con hechos y no solamente con promesas como lo atestiguan  la Ley  de regulación de los intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, así como el Reglamento que la desarrolla. Avanzar hacia una democracia de más calidad, con más transparencia, en la que los intereses públicos no estén al servicio de ningún interés privado es un objetivo de país, que no puede formar parte de ninguna contienda  cortoplacista.

No dar apoyo a esta iniciativa no significa no reconocer su buena intención. Y sobre todo no significa que no estemos abiertos a construir nuevos consensos, también en esta materia. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista, tal y como ya avanzado nuestro Portavoz, José Antonio Alonso, impulsará propuestas concretas que aseguren máxima transparencia y publicidad respecto a las declaraciones de bienes, ingresos, renta, patrimonio y actividades de los parlamentarios y de todo lo que afecta a la economía de su unidad familiar.

Entre el privilegio y el populismo hay un espacio más que suficiente para la decencia y el buen hacer en un ámbito que afecta directamente a la credibilidad de nuestra democracia.

Porque estamos hablando de salud democrática, de vigor de las instituciones, de vocación y servicio público, estamos hablando de responsabilidades. Y las alternativas a estos conceptos todos sabemos los resultados que han dado en el pasado y que siguen dando en el presente.

Max Weber escribió que el político tenía que tener tres cualidades: la pasión, la responsabilidad y el distanciamiento, que podríamos equiparar a realismo. Y un pecado del que debemos huir a toda costa: la vanidad.

En aras a mejorar la transparencia, la eficacia y la pulcritud de nuestra democracia, tal vez sea todos debamos empezar por aplicarnos esta sencilla fórmula weberiana a nuestro trabajo cotidiano. Y en todo caso, apliquemos las las leyes vigentes hasta sus últimas consecuencias y impulsemos los cambios necesarios con serenidad y rigor.

Muchas Gracias.

Sesión de control, miércoles 10 de noviembre

Pregunta: ¿Qué valoración hace el Gobierno sobre los niveles de seguridad aplicados en los trabajos de la tuneladora del AVE a su paso por las cercanías de la Sagrada Família?

Sr. Daniel Fernández: Sr. Ministro, el pasado miércoles, 20 de octubre, realizó una relevante visita a Barcelona. En la misma, tras reunirse con el President de la Generalitat, José Montilla, anunció el acuerdo para el traspaso de los servicios ferroviarios regionales a la Generalitat de Catalunya.

Quiero agradecerle que al impulsar este acuerdo (al igual que al hacer efectivo el traspaso de la gestión de los servicios ferroviarios de Cercanías) demuestre con hechos que el despliegue del Estatut es hoy una realidad útil para los ciudadanos de Catalunya, útil frente a quienes pretendían enterrarlo porque rompía España, y útil también  frente a quienes ayer la apoyaron y hoy se desentienden del mismo.

Aprovechó además su presencia en nuestra ciudad para examinar in situ -y acompañado por el Alcalde Jordi Hereu- las obras del túnel del AVE, una vez la tuneladora Barcino había superado sin novedad el templo de Sagrada Familia.

Al hablar del túnel del AVE estamos hablando de una de las obras más vitales y estratégicas para la ciudad de Barcelona: una obra que garantiza su conexión con el corazón de Europa; que mejora los servicios de cercanías, y que hará posible el desarrollo de los barrios del norte de la ciudad.

Nos referimos a una obra compleja, sin duda alguna. Pero también de una obra viable que se puede ejecutar con el máximo de seguridad; un obra para la que nuestras empresas y técnicos están plenamente capacitados.



Fotografía de Agustín Catalán

Ciertamente, el hecho de que su construcción, antes y después de su paso próximo a la Sagrada Familia, se esté desarrollando sin novedad y según los planes previstos haría innecesaria su intervención en esta sesión de control.

Y de hecho, el Grupo Socialista no le hubiera planteado esta pregunta, si no fuera porque también en esta Cámara se desarrolló parte de la campaña de mentiras, miedos y manipulaciones que el PP y CiU orquestaron entorno al trazado del túnel del AVE por Barcelona.

¿Tendrán, al menos, la valentía de reconocer su error? Mi Grupo no se hace ilusiones.

Pero ¿Por qué tantas mentiras, miedos y manipulaciones? Yo he encontrado una respuesta en un recorte de prensa: “Trias reparte 20.000 folletos para que el AVE pase por el Vallès”. O lo que es lo mismo, algunos  deseaban que el AVE no pasara por Barcelona.  Para que me entiendan sus señorías, es como si un aspirante a la alcaldía de Madrid pretendiera que el AVE no llegara a Atocha y  apostara por Majadahonda. Abracadabrante.

Pero ésta no es más que la opinión de este diputado y la que nos interesa es la del Ministro sobre la cuestión planteada.

Sr. Ministro (José Blanco): Señorías, siempre ha  habido profetas de la catástrofe y, habitualmente, los profetas de la catástrofe son aquellos que quieren que las cosas no se hagan, que España vaya mal, que el AVE se paralice.

Los profetas de la catástrofe habitualmente se sientan en ese banco, el banco de la derecha.  Con su paso en el entorno de la Sagrada Familia también ha ocurrido. Querían paralizar las obras, querían que el AVE no se desarrollase y luego echar la culpa al Gobierno de España por el retraso. Una vez más, los profetas de la catástrofe han demostrado que son un desastre como profetas,  porque no han conseguido parar la obra.

¿Y qué ha ocurrido en el entorno de la Sagrada Familia? No ha ocurrido nada y en nada se han quedado esas profecías. Pero es verdad, señoría, que en esta Cámara se mintió a conciencia, lo hizo algún diputado del Partido Popular poniendo en duda la honorabilidad de profesionales, de ingenieros, de técnicos;  poniendo en duda lo que había dictaminado la Audiencia Nacional, poniendo en duda lo que había determinado la Unesco. Han mentido en esta Cámara y no han pedido disculpas. Mintieron  a  conciencia, creen que todo se arregla con la confesión y con la penitencia, y  la mentira  en esta Cámara solo se resuelve pidiendo disculpas a los disputados, al Gobierno de España y a todos los profesionales que hicieron posible que esta obra se esté construyendo sin ningún problema.

Debate de la moción sobre el reconocimiento de la nulidad de la sentencia del Tribunal Militar que condenó a muerte al President Lluís Companys

El núcleo de la moción que ha defendido el señor Tardà no está ocupado por la figura y la memoria del President Lluís Companys, del que conmemoraremos el próximo 15 de octubre el 70º aniversario de su fusilamiento en el castillo de Montjuïc, sino que el núcleo de la misma es la propuesta de reforma de la conocida como Ley de la Memoria Histórica.

Evidentemente plantear la moción de esta manera tiene su lógica, pero además responde, creo yo, a una dificultad objetiva. No es fácil, y no digo que sea imposible, plantear a este Gobierno y a la mayoría que le da apoyo mociones sobre el President de la Generalitat, Lluís Companys, y les diré porqué.

Porque en una sesión como la de hoy, el 28 de septiembre del 2004, esta mayoría fue la que hizo posible con sus votos iniciar la rehabilitación pública de la figura del President Companys en sede parlamentaria y porque, dando cumplimiento a dicho acuerdo, el 15 de octubre de aquel mismo año, la vicepresidenta primera del Gobierno participó en el acto institucional de homenaje al President Companys, que tuvo lugar en el Castillo de Montjuïc. Fue un acto cargado de simbolismo y de sentimientos en el que la Vicepresidenta afirmó: “Con emoción asumo el papel de representar al Gobierno en un acto que queremos que abrace en su significado a todos los españoles y especialmente a todos los catalanes que sufrieron las consecuencias de una guerra civil que marcó con su terrible huella a varias generaciones.”

Porque han sido este Gobierno y este grupo parlamentario, a través del diálogo y el acuerdo con otros grupos de la Cámara, los que han hecho posible que hoy esté vigente la ley 52/2007, la conocida como Ley de la Memoria Histórica.

Es una ley que declara el carácter radicalmente injusto de todas las condenas y sanciones y cualesquiera formas de violencia personal por razones políticas o ideológicas sufridas durante la guerra civil y la dictadura y la ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otras instituciones represivas, así como la de sus condenas y todas sus sanciones.

Porque en aplicación de dicha ley, la familia del presidente Companys ejerció el derecho a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal. Una declaración que el actual ministro de Justicia le entregó a la familia en un acto de hondo significado que tuvo lugar en la embajada de España en México.

Y finalmente, porque la Fiscalía General del Estado, en el caso del President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, y basándose en lo que establece precisamente la Ley de la Memoria Histórica, ha declarado que las sentencias dictadas por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Barcelona con fecha 13 de diciembre de 1939 y por el Consejo de Guerra de Oficiales Generales con fecha 14 de octubre de 1940 “son inexistentes y nulas de pleno derecho sin que subsista actualmente apariencia alguna de legalidad o validez de las mismas.”

Señorías, la respuesta de ERC frente a esta sucesión de hechos, de realidades, que tienen como único fin la recuperación y desagravio de la figura del President Companys es volver a plantear –hoy lo ha hecho el señor Tardá- la reforma de la Ley de la Memoria Histórica con la intención de hacer posible lo que nosotros consideramos que es un imposible jurídico.

Ante ello, volvemos a plantear nuestra posición, la misma que defendimos en el debate de la ley.
Como soy incapaz de mejorar las palabras del Ministro Caamaño en esta tribuna, me permitirán que las reitere: “En un sistema democrático no hay mayor sanción que la ilegitimidad. La nulidad es la privación de los efectos jurídicos de un acto o de una decisión, pero un acto ilegítimo es aquel que, además de ser nulo, confronta con los valores y principios generales que informan el Estado de derecho y en consecuencia, debe ser especialmente rechazado.”

En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista no va a votar a favor de que se prive de efectos jurídicos a aquello que el legislador, es decir, nosotros mismos, hemos declarado que carece de ellos.

Señorías, acepto que haya quienes no sepan valorar o ignoren el camino recorrido en este terreno durante estos años -un camino en el que, por cierto, el señor Tardà ha tenido un papel relevante-, pero también ellos deberán aceptar que en nombre del Grupo Parlamentario mayoritario de la izquierda española, que incluye además la representación mayoritaria del catalanismo político, exprese nuestra satisfacción y –por qué no decirlo- nuestro orgullo por haber iniciado un camino que no tiene retorno: el de la recuperación y la dignificación de todos aquellos que padecieron injusticias, se sacrificaron y en muchos casos dieron su vida para que nosotros hoy podamos vivir en democracia y respirar una atmósfera de libertad.

El President Companys fue un protagonista de nuestra trágica guerra civil. Hoy lo es, con todos los honores, de su superación a través de la memoria y no del olvido.

Conseguir que todos los demócratas españoles se sumen a esta tarea colectiva de construir nuestro futuro a partir de un pasado más completo y compartido es el mejor homenaje que podemos rendir al president Lluís Companys. Créanme señorías, merece la pena.
Muchas gracias.

Daniel Fernández, diputado




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