Archivo de diciembre de 2008

Los del periodista Al Zaidi lanzados durante una rueda de prensa en Bagdad contra George W. Bush. Aunque el todavía Presidente de los Estados Unidos consiguió esquivar los ofensivos proyectiles, la imagen ocupará un lugar destacado en las síntesis audiovisuales con las que nos despedirán el 2008.

El derecho de Nikita Sergéyevich Kruschev. El mismo con el que aporreó sin piedad su pupitre en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 12 de Octubre de 1960, como respuesta de indudable efecto ante las acusaciones de imperialismo dirigidas a la Unión Soviética por parte del representante de Filipinas.

El de Don Juan Negrín (desconocemos si fue el derecho o el izquierdo) médico, socialista y Presidente del Gobierno. Gabriel Jackson, en su recientemente publicada biografía sobre Juan Negrín nos demuestra que el recurso al zapato tiene antecedentes autóctonos: el 4 de septiembre de 1936, Manuel Azaña nombra a Francisco Largo Caballero como Presidente del Gobierno. “Juan Simeón Vidarte y Ramón Lamoneda fueron a ver a Negrín para informarle de que había sido nombrado ministro de Hacienda. Según Vidarte, el doctor, que estaba fatigado y trataba de dormir un poco tras una jornada en el frente de Talavera, manifestó que no sabía nada de finanzas, les lanzó un zapato, que erró en la trayectoria, y luego dijo en voz baja lo que ellos sabían que acabaría diciendo, es decir, que estaba a disposición inmediata de Largo Caballero y de Indalecio Prieto.”

Evidentemente, todo zapato es él y su circunstancia. Aún así, nos aventuramos a sostener que el episodio autóctono, siendo el menos relevante –por razones obvias- desde el punto de vista audiovisual, es el más útil y edificante. Al fin y al cabo, concluye con una asunción de responsabilidad y compromiso con nuestro país que acompañaron a Don Juan Negrín hasta el último de sus días.

A lo largo de este mes de diciembre, que parece haber recobrado su condición invernal -y coincidiendo con la conmemoración del trigésimo aniversario de nuestra Constitución-, se cumple un año de la aprobación por el Congreso de los Diputados de la conocida como Ley de la Memoria Histórica. ¿Podíamos celebrar el recorrido por los 30 años más afortunados de nuestra historia sin comenzar a dar respuesta a unas causas justas y legítimas nacidas en la Guerra Civil y la Dictadura? Rotundamente, no.

La generación de la transición dio respuesta a aquello que podía tenerla en aquella coyuntura histórica. Acertaron plenamente al empeñarse en comenzar a compartir un futuro común, sin detenerse a pretender compartir un pasado todavía demasiado presente. Pero el éxito colectivo que supuso la transición no podía usarse, treinta años después, como excusa para negarse a dar respuesta a las causas justas todavía pendientes, (como si la historia de España se iniciara con la Constitución de 1978), ni –en el extremo opuesto- dichas causas podían ser utilizadas para cuestionar la obra común de la transición. (En este sentido, y por mucho que se empeñen algunos especialistas en convertir éxitos en derrotas, conviene recordar que la Ley de Amnistía supuso una gran victoria de la oposición al franquismo y un peldaño fundamental en la consolidación de la democracia).

Hoy, el compromiso que tenemos los socialistas no puede ser otro que el de desarrollar íntegra y plenamente la Ley de la Memoria Histórica, sin aceptar ningún tipo de limitación, distracción o cortapisa que nos aleje de este objetivo. Un desarrollo que deberá contar con un alto grado de diálogo y acuerdo institucional, más allá de espacios políticos e ideológicos, ya que las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tienen un papel relevante que jugar.

El Gobierno ha desarrollado a lo largo de estos meses diferentes elementos de la ley: la Declaración de reparación y reconocimiento personal de las personas que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa; la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales; las indemnizaciones reconocidas en favor de personas fallecidas o con lesiones incapacitantes por su actividad en defensa de la Democracia durante la Transición; la fijación de criterios para la retirada de símbolos franquistas en los bienes de la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos Dependientes; la facilitación del acceso a los libros de actas de defunciones de los Registros Civiles o la opción a la nacionalidad española de los hijos de aquellas personas que fueron originariamente españoles y de los nietos que, a causa del exilio, no pudieron obtenerla.

Dar respuesta a aquellos españoles que ignoran, todavía hoy, el paradero de sus familiares, o que no les han podido dar sepultara con la dignidad que se merecen, es una deuda pendiente que nuestra sociedad tiene con muchos compatriotas y, en definitiva, consigo misma. Por ello es imprescindible comenzar a cerrar esta herida aprovechando los instrumentos que la ley nos ofrece. En este sentido, el Ministerio de la Presidencia ha elaborado un Protocolo para la realización de las exhumaciones que se pondrá en común con las Comunidades Autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias, así como con Asociaciones interesadas.

El camino que nos queda por recorrer lo hemos de transitar desde la confianza en una sociedad española plenamente madura para afrontar el debate sobre nuestro trágico pasado, con normalidad y serenidad, sin más miedos o crispaciones que las que unos pocos se empeñan en sembrar. Con todo, tal vez sea necesario recordar el magisterio y el testimonio que dejaron antifranquistas de la talla de Ramón Rubial o Curro López del Real, cuando enseñaban a los jóvenes diputados socialistas de las Cortes Constituyentes (que no habían sufrido, como ellos, las cárceles franquistas de la postguerra y el exilio) a mirar hacia atrás sin ira ni rencor.

Reconozcámoslo: el debate sobre la memoria histórica, 30 años después, no nos ha permitido alcanzar una mirada más compartida sobre nuestro pasado. Una mirada que para ser común, tendría que ser también más autocrítica, menos complaciente con cada uno de nuestros pasados. Una mirada en la que dejen de existir los muertos de unos y los muertos de los otros porque todas las víctimas las sintamos como propias. Pero, más allá de este objetivo -al que algunos no estamos dispuestos a renunciar-, la sociedad española ha empezado a hacer justicia rescatando del olvido a unos compatriotas que, incorporados a nuestra memoria, la completan y nos reconcilian con nuestro pasado. La mejor manera de conmemorar la Constitución de todos.

Daniel Fernández
Diputado a Cortes por Barcelona. Secretario Adjunto del Grupo Parlamentario Socialista

Artículo publicado hoy en El País

Concluyó el pasado jueves el período de sesiones parlamentarias en el Congreso de los Diputados con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Unos presupuestos imprescindibles para no sumar inestabilidad política a la económica y para dar respuesta a la crisis, especialmente en lo que hace referencia al apoyo a los sectores sociales más expuestos a sus consecuencias: parados, pensionistas…Las cuentas aprobadas garantizan un aumento de la inversión en infraestructuras del 4,5% para el conjunto de España, que en el caso de Cataluña alcanza el 6% (4.626 millones de euros) en estricta aplicación del Estatut. En un momento del debate, un diputado de CiU sube a la tribuna y habla de traición a Cataluña.

Unos días antes habíamos asistido el Teatro Pavón a la representación de una comedia palatina de Calderón de la Barca: “Las manos blancas no ofenden”. Una amable enredo sustentado en el travestismo, recurso teatral frecuente en nuestro Siglo de Oro que, con un acertado acompañamiento musical, nos ilumina una faceta de Calderón desconocida para nosotros. ¿Lo mejor? Sin duda alguna, el nivel de la interpretación de un reparto en el que sobresalen tres magníficos actores de verso: Toni Misó, Pepa Pedroche y Joaquín Notario.

Las manos blancas no ofenden, al menos en el teatro. Como tampoco ofenden, en la vida pública, las lindezas de un diputado que apoyó todos los presupuestos de Aznar y cuyo partido pactó con el PP, en el 2001, un modelo de financiación de-fi-ni-ti-vo –y lesivo- para Cataluña. El que ahora vamos a cambiar.

El pasado sábado, 15 de noviembre, fallecía Álvaro Ussía, un joven de 18 años, tras una paliza a manos de tres porteros de la discoteca Balcón de Rosales. El proceso judicial entorno a su muerte está abierto en el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid. No es el momento procesal de adelantar conclusiones, pero la existencia de una violencia desproporcionada por parte de los porteros parece suficientemente contrastada.

El debate sobre el vínculo entre la libertad y la seguridad es tan antiguo como el que relaciona la libertad con la igualdad. No aspiramos a hacer aportaciones relevantes al mismo. Pero el trágico y absurdo final que ha tenido la vida de este joven que sobresalía en los estudios, en el deporte y en la amistad nos ha vuelto a reafirmar en la convicción –contraria a la contraposición entre libertad y seguridad- de que el aumento de los espacios de libertad requiere un proporcional incremento de las herramientas de la seguridad. Desde hace años, la noche se ha convertido en un nuevo espacio de libertad para la juventud –Álvaro estaba celebrando que acababa de terminar sus exámenes hacía un par de días-. Un nuevo espacio que comporta un uso y disfrute de la ciudad en el que conviven oportunidades con riesgos y problemas. La solución no es bajar las persianas de la noche. Ni criminalizar a todos los porteros –existen magníficos profesionales con décadas de experiencia a sus espaldas-. De lo que se trata es de evitar que permanezcan abiertos locales como el Balcón de Rosales que acumulaban decenas de denuncias policiales y solicitudes de cierre. De lo que se trata es de imposibilitar que pueda ser contratado para tareas de seguridad el último descerebrado que aparece por el local. De lo que se trata es de impedir que la seguridad convierta en insegura nuestra libertad. De alcanzar una seguridad que fortalezca nuestra libertad desde la legalidad.

A lo largo de estos días, los compañeros del colegio Monte Tabor de Pozuelo, donde estudiaba Álvaro, nos han dado una lección de entereza, amor y dignidad, obligando a las administraciones a asumir sus responsabilidades para conseguir mayor seguridad en el ocio nocturno madrileño. El Ayuntamiento nos ha anunciado que el Balcón de Rosales pasará a ser una Biblioteca que llevará el nombre de Álvaro Ussía. Lo aplaudimos, pero hubiésemos preferido que hubieran aplicado la ley con anterioridad a la noche del pasado sábado, 15 de noviembre.

Asistimos ayer a la conmemoración del trigésimo aniversario de la Constitución en el Congreso de los Diputados. El acto tuvo la sencillez de cada año, aunque la presencia de los Reyes y de los Príncipes de Asturias y la ausencia, sentida y compartida, de Ignacio Uría Mendizabal singularizaron este aniversario. Tanto las palabras del Rey, como las del Presidente del Congreso, José Bono, tuvieron un recuerdo para el empresario vasco asesinado por el terrorismo etarra.

Del franquismo, lo único verdaderamente peligroso que, todavía hoy, sobrevive en nuestra sociedad es ETA. Extirpar este epígono fascista es la gran tarea pendiente de nuestra democracia. Francisco Rubio Llorente publicaba hace unos días en El País un artículo: “Los retos de los hijos de la Constitución” en el que afirmaba que aquellos que no habíamos cumplido los 18 años el 6 de diciembre de 1978 tenemos la obligación de defenderla frente a sus enemigos e impulsar las reformas de la misma que sean necesarias. Coincidimos. El primer reto que tenemos los hijos de la Constitución es que ésta no permanezca ausente de la vida de miles y miles de compatriotras amenazados por la barbarie terrorista. Nuestro primer desafío es que todos los españoles, sin excepción, puedan ejercer sus derechos constitucionales. Por negarse a renunciar a los suyos asesinaron en Azpeitia el pasado jueves a Ignacio Uría Mendizabal. Un empresario vaco de 71 años dedicado a crear riqueza en su pueblo y a su familia. Quienes acabaron con su vida, quienes les apoyan y quienes prefieren mirar hacia otro lado lo que verdaderamente aborrecen es la libertad y la vida de los demás. Nuestro reto es seguir combatiéndolos y vencerlos. La mejor manera de recoger el testigo y honrar la memoria de Ignacio Uría.




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