Uno de los elementos que ha pasado más desapercibidos de la conocida como Ley de la Memoria Histórica es la consideración que incluye su Exposición de Motivo según la cual “los diversos aspectos relacionados con la memoria personal y familiar cuando se han visto afectados por conflictos de carácter público, forman parte del estatuto jurídico de la ciudadanía democrática”, consideración de la que parte el conjunto de la ley. Evidentemente, esta incardinación, de la cual se derivan derechos establecidos en la propia norma no instituye un deber a la memoria, de la misma manera que no puede existir una obligación de olvidar.

No siempre ha sido así. El historiador René Remond nos recuerda en un diálogo con el también historiador François Azouvi y publicado bajo el título Quand l’État se mêle de l’histoire: “le préambule de l’édit de Nantes promulgué par Henri IV interdisait, sous peine de sanctions, d’évoquer ce qui avait antérieurment divisé les Français. Il ordonnait l’oubli. C’était le prix de la restauration de la paix civile.”

Y creemos recordar que es en los “Adagia” donde Erasmo de Rotterdam atribuye a Trasíbulo la promulgación de un decreto que prohibía toda mención al pasado, tras liberar Atenas de la crueldad de los treinta tiranos. Dicho decreto recibió el nombre de Amnestía.

De nuevo René Remond: “Chaque génération fait une nouvelle lecture du passé. L’honnêteté intellectuelle, c’est de hiérarchiser les affirmations en fonction de leur degré dans une échelle qui va de la certitude scientifique à l’opinion probable et à l’hypothèse à vérifier.” ¿Será capaz mi generación de leer nuestro pasado a través de esta jerarquización de las afirmaciones? Contentémonos, por ahora, con eliminar los prejuicios que no alcanzan ni la categoría de hipótesis.

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